Aspectos jurídicos del maltrato infantil

Artículo cedido y publicado en el apartado sobre Violencia en la Infancia y la Adolescencia de la página web del Ministerio de Sanidad.

“La etapa fundamental es la infancia. Después todo está ya ganado o perdido”.

Ignacio Sánchez Cámara

PUNTOS CLAVE

• El maltrato infantil, como expresión máxima de desamparo y desprotección, es una lacra, un problema social y de salud de primer orden. Por ello se promulgó en España la Ley Orgánica (LO) 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En ella se establecen las actuaciones que deben llevar a cabo los poderes públicos en los casos de desprotección social del menor.
• La propia exposición de motivos de la LO 1/15 de reformas del Código Penal (CP) en los supuestos de violencia de género, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, justifica las mismas en la necesidad de reforzar la protección especial que dispensa el CP a este tipo de víctimas y en adecuarse a los compromisos internacionales del Estado español, como el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre las mujeres de 7 de abril de 2011, publicado en el BOE el 1 de agosto de 2014.
• La LO de Protección a la infancia y la adolescencia, que entró en vigor el 18 de agosto de 2015, aborda por primera vez la modificación del art. 1 de la LO 1/04 para incluir a los menores como víctimas directas de la violencia de género.
• El nasciturus podrá ser declarado en situación de riesgo y la Entidad Pública de Protección de Menores o, en su caso, las entidades locales, deberán adoptar las medidas de protección procedentes.
• Los Servicios Sociales de las entidades locales, junto con los servicios sanitarios y educativos, son fundamentales para la detección, recepción y análisis de situaciones de riesgo, además de ser la principal vía de acceso de los ciudadanos a los servicios de protección de menores.
• El acoso escolar es un concepto metajurídico que describe un repertorio de conductas violentas, intimidatorias o denigratorias, para cuyo análisis debe partirse de una cierta continuidad o reiteración, aunque también incluye incidentes aislados, atendiendo al rango del bien jurídico afectado.

ASPECTOS JURÍDICOS DEL MALTRATO INFANTIL

El maltrato infantil, como expresión máxima de desamparo y desprotección, es una lacra, un problema social y de salud de primer orden. Por ello, se promulgó en España la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor¹, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En ella se establecen las actuaciones que deben llevar a cabo los poderes públicos en los casos de desprotección social del menor.

A partir del proceso de transferencia de competencias en materia de asistencia social (artículo 148.1 20 de nuestra Constitución) a las comunidades autónomas (CC. AA.), estas han desarrollado sus propias leyes de protección de la infancia (Anexos 1 y 2).

Como ejemplo de lo realizado en las CC. AA., valga la ley de protección del menor del Principado de Asturias publicada el Boletín Oficial (BOPA) 1/19952, entre cuyos objetivos están: 

• “Proporcionar una protección integral a un colectivo social necesitado de apoyos, como es el de los menores desprotegidos, que impulsen su desarrollo y bienestar, atendiendo y remediando no solo situaciones de desamparo, sino también aquellas otras que sin llegar a límites tan extremos precisen la intervención de la entidad pública en orden a procurar un mayor bienestar del menor”.
• “Contemplar aspectos preventivos haciendo hincapié en el apoyo familiar a través de diversos recursos para sostener el hogar como soporte básico del desarrollo y bienestar del menor, eliminando las posibles situaciones de desprotección que por graves carencias materiales, culturales o formativas hubieran podido producirse”.
• “Constituir la Comisión del Menor, como órgano instrumental que permita el ejercicio de las funciones de protección de menores que corresponden a la Administración del Principado de Asturias”.
• "Abordar la regulación del reconocimiento de instituciones colaboradoras en la tarea de la integración familiar de los menores desprotegidos, obedeciendo a la necesidad imperiosa de buscar una mayor implicación de la comunidad en la apasionante tarea de la protección de menores, implicación que se pretende lograr también a través de la participación social, recogida como principio rector, creando un órgano específico a tal fin, la Comisión de Participación, con funciones consultivas y asesoras en orden a fomentar la solidaridad, la sensibilización y la conciencia social en torno a los aspectos que una adecuada atención al menor debe contemplar".
• “Abordar la regulación de los diferentes registros que la Administración del Principado de Asturias debe custodiar, garantizando, en su caso, el carácter reservado y el acceso restringido a los mismos, aspectos estos que junto a la necesidad de observar la máxima reserva en toda actuación de protección de menores, y el rigor en las decisiones que la Administración del Principado de Asturias adopte en este tema, a través de la evaluación de las situaciones concretas por equipos pluridisciplinares que actúen colegiadamente, suponen no solo principios rectores en la actuación administrativa, sino también un expreso reconocimiento de unos derechos que el menor posee inalienablemente”.

Por otra parte, en un tema tan candente como la violencia de género, la Ley Orgánica (LO) 1/04 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género³ ha recibido reconocimientos internacionales al abordaje integral más revolucionario para la erradicación de la violencia sobre las mujeres. El pasado año, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award) que las instituciones ONU Mujeres, el World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas¹.

Nuestra legislación que, en materia de violencia de género es reconocida mundialmente, presenta no obstante, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género presidido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lagunas legales en los últimos diez años, respecto de los temas más preocupantes en esta materia⁴. Algunas de las reformas legislativas que han ido entrando en vigor en los últimos meses han contribuido a paliar los déficits.

La propia exposición de motivos de la LO 1/15 de reforma del Código Penal (CP)⁵ que ha entrado en vigor el 1 de julio de 2015 justifica las reformas en la necesidad de reforzar la protección especial que dispensa el CP a este tipo de víctimas y en adecuarse a los compromisos internacionales del Estado español, como el Convenio de Estambul del Consejo de Europa⁶ sobre prevención y lucha contra la violencia sobre las mujeres de 7 de abril de 2011, publicado en el BOE el 1 de agosto de 2014.

Continuando con la corrección de déficits, la LO de Protección a la Infancia y la Adolescencia, que entró en vigor el 18 de agosto de 2015⁵, aborda por primera vez la modificación del artículo 1 de la LO 1/04 para incluir a los menores como víctimas directas de la violencia de género. Pretende dar respuesta a las situaciones que viven aquellos menores en el entorno de la violencia de género y que pueden ser instrumentalizados por el maltratador para ejercitar la misma sobre la mujer. UNICEF, la Academia Americana de Pediatría y la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por España, reconocen que solo ser testigo de violencia, puede ser tan traumático para el niño como ser víctima de abusos físicos o sexuales. Los menores, víctimas “invisibles” de la violencia de género, se convierten en armas arrojadizas con las que el maltratador sigue martirizando a la mujer y por tanto sufren maltrato infantil como modalidad específica de violencia de género¹.

Como se puede leer en el preámbulo de la misma: “Cualquier forma de violencia ejercida sobre un menor es injustificable. Entre ellas, es singularmente atroz la violencia que sufren quienes viven y crecen en un entorno familiar donde está presente la violencia de género. Esta forma de violencia afecta a los menores de muchas formas. En primer lugar, condicionando su bienestar y su desarrollo. En segundo lugar, causándoles serios problemas de salud. En tercer lugar, convirtiéndolos en instrumento para ejercer dominio y violencia sobre la mujer y, finalmente, favoreciendo la transmisión intergeneracional de estas conductas violentas sobre la mujer por parte de sus parejas o ex parejas. La exposición de los menores a esta forma de violencia en el hogar, lugar en el que precisamente deberían estar más protegidos, los convierte también en víctimas de la misma. Por todo ello, resulta necesario, en primer lugar, reconocer a los menores víctimas de la violencia de género mediante su consideración en el artículo 1, con el objeto de visibilizar esta forma de violencia que se puede ejercer sobre ellos”.

En el artículo 1. Objeto de la Ley, se puede leer:

“1. La presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

”2. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.

”3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”.

Por ello se pude leer “su reconocimiento como víctimas de la violencia de género conlleva la modificación del artículo 61, para lograr una mayor claridad y hacer hincapié en la obligación de los jueces de pronunciarse sobre las medidas cautelares y de aseguramiento, en particular, sobre las medidas civiles que afectan a los menores que dependen de la mujer sobre la que se ejerce violencia.

De esta forma determinados actos cometidos contra los hijos e hijas que pueden servir como medio para el fin perseguido de seguir maltratando a la mujer pueden ser contemplados dentro de la LO 1/04 sin perjuicio de la tipificación del caso concreto. Ello propiciará además la asunción por los juzgados de violencia sobre la mujer de competencias directas en actos independientes a los menores, siempre que estos se den en un entorno de violencia de género habitual.

Estamos asistiendo en los últimos años a demasiados casos de asesinatos de niños a manos de las exparejas de sus madres aprovechando el momento de las estancias o regímenes de visitas, con el único fin de provocar el mayor dolor que puede infligirse a una mujer. En estrecha relación con este principio de protección de los menores contra la violencia, en el artículo 12.4 de la LO de Protección Jurídica del Menor se garantiza el apoyo necesario para que los menores que queden bajo la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de una víctima de violencia de género o doméstica, puedan permanecer con la misma, así como su protección, atención especializada y recuperación.

Opera igualmente una modificación del artículo 158 del Código Civil, partiendo del principio de agilidad e inmediatez aplicables a los incidentes cautelares que afecten a menores, para evitar perjuicios innecesarios que puedan derivarse de rigideces o encorsetamientos procesales, permitiendo adoptar mecanismos protectores, tanto respecto al menor víctima de los malos tratos como en relación con los que, sin ser víctimas, puedan encontrarse en situación de riesgo. Con la modificación del artículo 158 se posibilita la adopción de nuevas medidas, prohibición de aproximación y de comunicación, en las relaciones paternofiliales¹.

Sobre el riesgo prenatal en cuanto al derecho autonómico existen dos comunidades con expresas previsiones:

• La Ley 1/2006, de 28 de febrero, de Protección de Menores de La Rioja, dispone en su artículo 32.4 que “la Consejería competente en materia de Servicios Sociales tomará las medidas necesarias para conseguir la protección efectiva de los menores desamparados, incluso antes de nacer, cuando se prevea claramente que el concebido, cuando nazca, se encontrará en situación de desamparo.
• El art. 52.2 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, en el País Vasco dispone que “cuando las administraciones públicas competentes tengan conocimiento de que peligra el normal desarrollo del nasciturus, lo pondrán en conocimiento del ministerio fiscal a fin de que adopte las medidas que estime oportunas para garantizar su bienestar hasta el momento del nacimiento. Todo ello sin perjuicio de los supuestos contemplados en la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de Interrupción Voluntaria del Embarazo”.

Por otro parte, la Comisión del Senado de 2010 en relación con los Proyectos de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia incluyó dentro de sus conclusiones: “establecer como situación de desamparo la que sufre el menor recién nacido (siempre que no existan familiares que pudieran hacerse cargo adecuadamente del mismo), si una vez nacido se constata que padece alguna lesión o enfermedad como consecuencia directa del comportamiento de la madre durante la gestación, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades en que hubiera podido incurrir. En todo caso, garantizar que la Administración adoptará las medidas de protección necesarias para preservar la seguridad del menor, hasta tanto se determine la posibilidad de protección por parte de la familia biológica. Además, ante la necesidad de actuar con celeridad, imponer también protocolos de actuación para el seguimiento preventivo cuando se detecten o se tenga noticia de situaciones de maltrato prenatal, para garantizar que el recién nacido quedará debidamente asistido cuando se llegue a verificar el nacimiento”.

Los representantes de la Unidad Coordinadora de Menores en la Comisión de 2011 propusieron el siguiente texto: el nasciturus podrá ser declarado en situación de riesgo y la Entidad Pública de Protección de menores o, en su caso, las Entidades Locales, deberán adoptar las medidas de protección procedentes. En el informe justificativo de la Comisión se consideró que “en ocasiones de falta de cuidado de la madre de su propio cuerpo, puede estar ocasionando un perjuicio al normal desarrollo del feto, que debe tomarse en cuenta como antecedente importante para valorar la situación del niño/a al nacer y la posible medida de protección que, en su caso, pueda adoptarse”.

Dispone al respecto que “la administración pública competente para intervenir en la situación de riesgo adoptará, en colaboración con los servicios de salud correspondientes, las medidas adecuadas de prevención, intervención y seguimiento, de las situaciones de posible riesgo prenatal, a los efectos de evitar con posterioridad una eventual declaración de situación de riesgo o desamparo del recién nacido. A tales efectos, se entenderá por situación de riesgo prenatal la falta de cuidado físico de la mujer gestante o el consumo abusivo de sustancias con potencial adictivo, así como cualquier otra acción propia de la mujer o de terceros tolerada por esta, que perjudique el normal desarrollo o pueda provocar enfermedades o anomalías físicas, mentales o sensoriales al recién nacido. Los servicios de salud y el personal sanitario deberán notificar esta situación a la administración pública competente, así como al Ministerio Fiscal. Tras el nacimiento se mantendrá la intervención con el menor y su unidad familiar para que, si fuera necesario, se declare la situación de riesgo o desamparo del menor para su adecuada protección”. Se acoge por tanto la propuesta del Consejo Fiscal y además se involucra directamente al Ministerio Público en la supervisión de estas situaciones de riesgo⁸.

En cuanto a los actores en los procesos para garantizar la adecuada protección de la infancia en riesgo debe partirse de que los Servicios Sociales de las entidades locales, junto con los servicios sanitarios y educativos, son fundamentales para la detección, recepción y análisis de situaciones de riesgo, además de ser la principal vía de acceso de los ciudadanos a los servicios de protección de menores. Desde esta perspectiva, las corporaciones locales, como entidades administrativas más próximas a los ciudadanos y en virtud de sus competencias legales (art. 25.2 k, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local), deben asumir la responsabilidad más inmediata sobre el bienestar de la infancia y adolescencia y la promoción de cuantas acciones favorezcan el desarrollo de la comunidad local y muy especialmente de sus miembros más jóvenes, procurando garantizarles el ejercicio de sus derechos, ofreciéndoles la protección adecuada y ejerciendo una acción preventiva eficaz, partiendo de que conforme al art. 26 de la Ley 7/1985, los municipios de más de veinte mil habitantes deben obligatoriamente prestar servicios sociales y todo ello sin perjuicio de las competencias de las CC. AA. en materia de asistencia social (art. 148.20 CE)⁸.

Los profesionales de la Pediatría que desarrollan sus funciones en la atención sanitaria deben jugar un importante papel en la prevención, detección, atención y seguimiento, de las situaciones de violencia contra los niños ya que pueden sufrir efectos secundarios, a corto, medio y largo plazo. Por otro lado, resulta muy necesaria la coordinación con otros profesionales sanitarios de los equipos de Atención Primaria y hospitalaria cuando se detectan estas situaciones.

Otros profesionales como los del trabajo social del centro de salud, serán de gran ayuda para la valoración psicosocial de los casos. También puede ser necesaria la colaboración con los profesionales de los equipos de salud mental infanto-juvenil, y los de atención psicológica a menores de los servicios sociales, así como los de atención psicopedagógica del sistema educativo.

Respecto del ciberacoso el sistema jurídico español exige que la realidad de lo ocurrido se lleve a un proceso judicial a través de lo que se conoce como medios de prueba, ya que solo a través de lo que se puede probar se construye la verdad judicial, la que cuenta a efectos de una eventual sentencia. De ahí que, en procesos penales en los que hay una presunción a favor de la inocencia del procesado, sea especialmente importante tener suficientes pruebas de cargo obtenidas con todas las garantías sin vulnerar los derechos del acusado.

Siguen siendo válidos otros medios de prueba más “clásicos”, como copias en papel, declaraciones de testigos conocedores de los hechos, informes periciales, etc. En todo caso, el juez tomará su decisión con base en un conjunto de pruebas coherentes que permitan atribuir el comportamiento abusivo a una persona concreta, lo que supone que se obtengan pruebas que demuestren que el acusado es el autor de los hechos.

Por ello, es esencial conservar el equipo del menor en el estado que se encuentre (si está encendido, mantenerlo conectado al fluido eléctrico pero desconectado de internet para evitar su borrado y/o alteración remota; y, si está apagado, no encenderlo), interponer una denuncia y poner a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FFCCSE) el equipo (que puede ser un dispositivo móvil) para su clonado y análisis. Para la petición de la dirección IP, (el número que identifica a cada dispositivo dentro de una red) del ciberacosador, y la posterior entrada y registro será necesaria la intervención judicial.

Medidas en garantía del menor:

• Separación física completa entre el menor y el agresor (tanto en dependencias policiales como judiciales).
• Se procurará evitar la reiteración de comparecencias del menor ante los órganos de la administración de Justicia.
• Las declaraciones del menor se realizarán en lugares habilitados al efecto, distintos a los lugares habituales y sobre todo de las salas de vistas.
• Podrán utilizarse elementos técnicos tales como circuitos cerrados de televisión, videoconferencia y otros similares.
• Las preguntas al menor se reformularán por el juez de modo que se adecuen al nivel comprensivo del menor y que en ningún caso supongan una vía de intimidación o coacción al mismo⁹.

El tipo penal más próximo para estos casos se puede encontrar en el artículo 197 del Código Penal, en cuanto que castiga las conductas consistentes en el uso y difusión de información contenida en soportes informáticos, electrónicos o digitales y por medios tecnológicos, así como la publicación de vídeos y fotografías por los mismos medios.

Para que el hecho sea punible, el autor del ciberacoso ha de estar comprendido entre los 14 y los 18 años en el momento en que se producen los hechos. A partir de los 18 años es competente la jurisdicción penal aplicable a los adultos.

Otros delitos que pueden ir asociados serían los de exhibicionismo y provocación sexual de los artículos arts. 185 y 186 del Código Penal (CP), así como el de allanamiento informático del art. 197.3 CP en aquellos casos en que, para intimidar al menor, el acosador haya tomado el control de su ordenador, lo haya “troyanizado”, para obtener la lista de sus contactos para luego amenazarle con publicar entre los mismos las fotos o vídeos ilegítimamente obtenidos.

Dependiendo del contenido de las publicaciones podrían también constituir delitos de injurias de los arts. 208 y 209 CP. Por último y si se ha causado daños en el equipo o se hubiese obstaculizado su uso podía también concurrir un delito de daños informáticos del artículo art. 264.2 CP.

El tipo penal más próximo en el caso del grooming está en el artículo 183 bis del Código Penal. Este artículo contempla como víctima a un menor de 13 años y exige la concurrencia de “actos materiales encaminados al acercamiento”.

El último párrafo del tipo sanciona una agravación para los supuestos en que el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.

Las penas previstas en el art. 183 bis del Código Penal son de 1 a 3 años de prisión o multa de 12 a 24 meses. La opción por una pena privativa de libertad o por la multa depende de la gravedad el delito y de la culpabilidad del autor.

Además, pueden existir circunstancias atenuantes tales como la reparación del daño a la víctima antes del juicio, dilaciones indebidas del proceso penal o circunstancias agravantes tales como la reincidencia.

En cualquier caso, es importante tener en cuenta que si se impone una pena privativa de libertad no superior a 2 años cuando el condenado no tiene antecedentes penales y paga las indemnizaciones que se acuerden, puede obtener la suspensión condicional de la pena. Aún sin la concurrencia de estos requisitos, si se dieran las circunstancias apropiadas, es posible que el penado obtenga la sustitución de la pena privativa de libertad por multa, localización permanente o trabajos en beneficio de la comunidad, por lo que, en cualquiera de estos casos, no ingresaría en prisión.

Desde la perspectiva legal, el acoso escolar es entendido, tal y como recoge la instrucción 10/2005 de la Fiscalía General del Estado como un concepto metajurídico, que describe un repertorio de conductas violentas, intimidatorias o denigratorias, para cuyo análisis debe partirse de una cierta continuidad o reiteración, aunque también incluye incidentes aislados, atendiendo al rango del bien jurídico afectado. En este sentido, aunque no se cuenta con una definición consensuada de acoso escolar, sí se comparten unos mínimos comunes que permite su operativización: desequilibrio de poder, intencionalidad de los actos de agresión (físicos o psicológicos) y continuidad en el tiempo¹⁰.

Estos tres elementos conforman el acoso, pero no son suficientes por sí mismos sino producen victimización, es decir, daño. Generalmente, la continuidad en el tiempo se ha medido por la frecuencia de las conductas de acoso en un marco temporal concreto. Esta medida sortea una variable crítica que, previsiblemente, tenga efectos en la victimización: la intensidad de la conducta o conductas de acoso. El acoso escolar es función de la frecuencia y de la intensidad de las conductas de acoso, ya que ambas variables tienen efectos en la victimización y, sin victimización, no hay acoso.

Ciertamente, es de esperar que conductas de una alta intensidad precisen de menos frecuencia para producir daño, e incluso, que conductas puntuales de acoso, pero muy intensas, provoquen victimización. Pero también es muy probable que ambas variables interaccionen y que puedan provocar distintas secuelas. Los daños, que son los que definen a la víctima de cualquier acción punible, son clasificados por Naciones Unidas en: físicos, materiales, psicológicos y de vulneración de derechos fundamentales¹¹.

Concretamente, los daños psicológicos se dividen en externalizantes e internalizantes. Son externalizantes, pero no menos dañinos para la víctima, sino más bien al contrario¹², todos aquellos de carácter comportamental, tales como incapacidad para la resolución de problemas interpersonales¹³, fracaso escolar¹⁴ o suicidios o tentativas de suicidio¹⁵.

Por otro lado, los internalizantes, en acoso escolar, describen entre otros, trastornos de ansiedad¹⁶, y depresión¹⁷.

Desde una óptica judicial, el acoso escolar constituye una acción penalmente punible, correspondiendo a la acusación la carga de la prueba. Como quiera que en la carga de la prueba se ha de demostrar el daño (Sentencia 241/2012, de 11 de mayo, de la Audiencia Provincial (AP) de Madrid), incluido el psicológico o huella psicológica, el psicólogo forense ha de contar con procedimientos avalados científicamente que permitan la evaluación de la secuela directa e indirecta del daño, así como un diagnóstico diferencial de simulación, es decir, que debe quedar acreditado el acoso escolar que sufre el menor y el daño moral inherente al mismo¹⁸.

En el Informe de la Fiscalía General del Estado, en la Instrucción 10/2005 sobre el Tratamiento del Acoso Escolar desde el Sistema de Justicia Juvenil, se indica entre diversas cuestiones que “debe deslindarse el acoso escolar de los incidentes violentos, aislados u ocasionales entre alumnos o estudiantes. El acoso se caracteriza, como regla general, por una continuidad en el tiempo, pudiendo consistir los actos concretos que lo integran en agresiones físicas, amenazas, vejaciones, coacciones, insultos o en el aislamiento deliberado de la víctima, siendo frecuente que el mismo sea la resultante del empleo conjunto de todas o de varias de estas modalidades. La igualdad que debe estructurar la relación entre iguales degenera en una relación jerárquica de dominación-sumisión entre acosador/-es y acosado. Concurre también en esta conducta una nota de desequilibrio de poder, que puede manifestarse en forma de actuación en grupo, mayor fortaleza física o edad, aprovechamiento de la discapacidad de la víctima, etc.”. El acoso se caracteriza también por el deseo consciente de herir, amenazar o asustar por parte de un alumno frente a otro. Todas las modalidades de acoso son actos agresivos en sentido amplio –ya sean físicos, verbales o psicológicos–, aunque no toda agresión da lugar a acoso.

Anexo 1. Normativa legal Mostrar/ocultar

Anexo 2. Disposiciones normativas de las CC. AA. en materia de protección al menor Mostrar/ocultar

BIBLIOGRAFÍA

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2. Ley de protección del menor. En: Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia [en línea] [consultado el 25/09/2017]. Disponible en: https://www.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION14/66/1/EAE77931770F494F88B23CB525B6ECD9.pdf
3. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En: Boletín Oficial del Estado [en línea] [consultado el 25/09/2017]. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-21760. Consultado el 01-01-2017
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5. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. En: Boletín Oficial del Estado [en línea] [consultado el 25/09/2017]. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3439
6. Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Consejo de Europa Serie de Tratados del Consejo de Europa n.º 210. En: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [en línea] [consultado el 25/09/2017]. Disponible en: https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/internacional/consejoeu/CAHVIO.pdf
7. Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. En: Boletín Oficial del Estado [en línea] [consultado el 25/09/2017]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312
8. Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. En: Boletín Oficial del Estado [en línea] [consultado el 25/09/2017]. Disponible en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8470
9. Grupo de trabajo de la Guía Clínica de ciberacoso para profesionales de la sa­lud. Guía clínica de ciberacoso para profesionales de la salud. En: Chaval.es [en línea] [consultado el 25/09/2017]. Disponible en: http://www.chaval.es/chavales/sites/default/files/Guia_Ciberacoso_Profesionales_Salud_FBlanco.pdf
10. Olweus D. Bullying at school: what we know and what we can do. Malden (MA): Blackwell Publishing; 1993.
11. Committee on Crime Prevention and Control. Report on the tenth session. Viena: Naciones Unidas; 1988.
12. Arce R, Fariña F, Quinteiro I. Evaluación forense de la simulación en casos de acoso escolar. Aula Abierta. 2013;41:67-74.
13. Lehalle H, Jiménez Gutiérrez TI. La violencia escolar entre iguales en alumnos populares y rechazados. Psychosocial Intervention. 2012;21:77-89.
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